1. Número 1 · Enero 2015

  2. Número 2 · Enero 2015

  3. Número 3 · Enero 2015

  4. Número 4 · Febrero 2015

  5. Número 5 · Febrero 2015

  6. Número 6 · Febrero 2015

  7. Número 7 · Febrero 2015

  8. Número 8 · Marzo 2015

  9. Número 9 · Marzo 2015

  10. Número 10 · Marzo 2015

  11. Número 11 · Marzo 2015

  12. Número 12 · Abril 2015

  13. Número 13 · Abril 2015

  14. Número 14 · Abril 2015

  15. Número 15 · Abril 2015

  16. Número 16 · Mayo 2015

  17. Número 17 · Mayo 2015

  18. Número 18 · Mayo 2015

  19. Número 19 · Mayo 2015

  20. Número 20 · Junio 2015

  21. Número 21 · Junio 2015

  22. Número 22 · Junio 2015

  23. Número 23 · Junio 2015

  24. Número 24 · Julio 2015

  25. Número 25 · Julio 2015

  26. Número 26 · Julio 2015

  27. Número 27 · Julio 2015

  28. Número 28 · Septiembre 2015

  29. Número 29 · Septiembre 2015

  30. Número 30 · Septiembre 2015

  31. Número 31 · Septiembre 2015

  32. Número 32 · Septiembre 2015

  33. Número 33 · Octubre 2015

  34. Número 34 · Octubre 2015

  35. Número 35 · Octubre 2015

  36. Número 36 · Octubre 2015

  37. Número 37 · Noviembre 2015

  38. Número 38 · Noviembre 2015

  39. Número 39 · Noviembre 2015

  40. Número 40 · Noviembre 2015

  41. Número 41 · Diciembre 2015

  42. Número 42 · Diciembre 2015

  43. Número 43 · Diciembre 2015

  44. Número 44 · Diciembre 2015

  45. Número 45 · Diciembre 2015

  46. Número 46 · Enero 2016

  47. Número 47 · Enero 2016

  48. Número 48 · Enero 2016

  49. Número 49 · Enero 2016

  50. Número 50 · Febrero 2016

  51. Número 51 · Febrero 2016

  52. Número 52 · Febrero 2016

  53. Número 53 · Febrero 2016

  54. Número 54 · Marzo 2016

  55. Número 55 · Marzo 2016

  56. Número 56 · Marzo 2016

  57. Número 57 · Marzo 2016

  58. Número 58 · Marzo 2016

  59. Número 59 · Abril 2016

  60. Número 60 · Abril 2016

  61. Número 61 · Abril 2016

  62. Número 62 · Abril 2016

  63. Número 63 · Mayo 2016

  64. Número 64 · Mayo 2016

  65. Número 65 · Mayo 2016

  66. Número 66 · Mayo 2016

  67. Número 67 · Junio 2016

  68. Número 68 · Junio 2016

  69. Número 69 · Junio 2016

  70. Número 70 · Junio 2016

  71. Número 71 · Junio 2016

  72. Número 72 · Julio 2016

  73. Número 73 · Julio 2016

  74. Número 74 · Julio 2016

  75. Número 75 · Julio 2016

  76. Número 76 · Agosto 2016

  77. Número 77 · Agosto 2016

  78. Número 78 · Agosto 2016

  79. Número 79 · Agosto 2016

  80. Número 80 · Agosto 2016

  81. Número 81 · Septiembre 2016

  82. Número 82 · Septiembre 2016

  83. Número 83 · Septiembre 2016

  84. Número 84 · Septiembre 2016

  85. Número 85 · Octubre 2016

  86. Número 86 · Octubre 2016

  87. Número 87 · Octubre 2016

  88. Número 88 · Octubre 2016

  89. Número 89 · Noviembre 2016

  90. Número 90 · Noviembre 2016

  91. Número 91 · Noviembre 2016

  92. Número 92 · Noviembre 2016

  93. Número 93 · Noviembre 2016

  94. Número 94 · Diciembre 2016

  95. Número 95 · Diciembre 2016

  96. Número 96 · Diciembre 2016

  97. Número 97 · Diciembre 2016

  98. Número 98 · Enero 2017

  99. Número 99 · Enero 2017

  100. Número 100 · Enero 2017

  101. Número 101 · Enero 2017

  102. Número 102 · Febrero 2017

  103. Número 103 · Febrero 2017

  104. Número 104 · Febrero 2017

  105. Número 105 · Febrero 2017

  106. Número 106 · Marzo 2017

  107. Número 107 · Marzo 2017

  108. Número 108 · Marzo 2017

  109. Número 109 · Marzo 2017

  110. Número 110 · Marzo 2017

  111. Número 111 · Abril 2017

  112. Número 112 · Abril 2017

  113. Número 113 · Abril 2017

  114. Número 114 · Abril 2017

  115. Número 115 · Mayo 2017

  116. Número 116 · Mayo 2017

  117. Número 117 · Mayo 2017

  118. Número 118 · Mayo 2017

  119. Número 119 · Mayo 2017

  120. Número 120 · Junio 2017

  121. Número 121 · Junio 2017

  122. Número 122 · Junio 2017

  123. Número 123 · Junio 2017

  124. Número 124 · Julio 2017

  125. Número 125 · Julio 2017

  126. Número 126 · Julio 2017

  127. Número 127 · Julio 2017

  128. Número 128 · Agosto 2017

  129. Número 129 · Agosto 2017

  130. Número 130 · Agosto 2017

  131. Número 131 · Agosto 2017

  132. Número 132 · Agosto 2017

  133. Número 133 · Septiembre 2017

  134. Número 134 · Septiembre 2017

  135. Número 135 · Septiembre 2017

  136. Número 136 · Septiembre 2017

  137. Número 137 · Octubre 2017

  138. Número 138 · Octubre 2017

  139. Número 139 · Octubre 2017

  140. Número 140 · Octubre 2017

  141. Número 141 · Noviembre 2017

  142. Número 142 · Noviembre 2017

  143. Número 143 · Noviembre 2017

  144. Número 144 · Noviembre 2017

  145. Número 145 · Noviembre 2017

  146. Número 146 · Diciembre 2017

  147. Número 147 · Diciembre 2017

  148. Número 148 · Diciembre 2017

  149. Número 149 · Diciembre 2017

  150. Número 150 · Enero 2018

  151. Número 151 · Enero 2018

  152. Número 152 · Enero 2018

  153. Número 153 · Enero 2018

  154. Número 154 · Enero 2018

  155. Número 155 · Febrero 2018

  156. Número 156 · Febrero 2018

  157. Número 157 · Febrero 2018

  158. Número 158 · Febrero 2018

  159. Número 159 · Marzo 2018

  160. Número 160 · Marzo 2018

  161. Número 161 · Marzo 2018

  162. Número 162 · Marzo 2018

  163. Número 163 · Abril 2018

  164. Número 164 · Abril 2018

  165. Número 165 · Abril 2018

  166. Número 166 · Abril 2018

  167. Número 167 · Mayo 2018

  168. Número 168 · Mayo 2018

  169. Número 169 · Mayo 2018

  170. Número 170 · Mayo 2018

  171. Número 171 · Mayo 2018

  172. Número 172 · Junio 2018

  173. Número 173 · Junio 2018

  174. Número 174 · Junio 2018

  175. Número 175 · Junio 2018

  176. Número 176 · Julio 2018

  177. Número 177 · Julio 2018

  178. Número 178 · Julio 2018

  179. Número 179 · Julio 2018

  180. Número 180 · Agosto 2018

  181. Número 181 · Agosto 2018

  182. Número 182 · Agosto 2018

  183. Número 183 · Agosto 2018

  184. Número 184 · Agosto 2018

  185. Número 185 · Septiembre 2018

  186. Número 186 · Septiembre 2018

  187. Número 187 · Septiembre 2018

  188. Número 188 · Septiembre 2018

  189. Número 189 · Octubre 2018

  190. Número 190 · Octubre 2018

  191. Número 191 · Octubre 2018

  192. Número 192 · Octubre 2018

  193. Número 193 · Octubre 2018

  194. Número 194 · Noviembre 2018

  195. Número 195 · Noviembre 2018

  196. Número 196 · Noviembre 2018

  197. Número 197 · Noviembre 2018

  198. Número 198 · Diciembre 2018

  199. Número 199 · Diciembre 2018

  200. Número 200 · Diciembre 2018

  201. Número 201 · Diciembre 2018

  202. Número 202 · Enero 2019

  203. Número 203 · Enero 2019

  204. Número 204 · Enero 2019

  205. Número 205 · Enero 2019

  206. Número 206 · Enero 2019

  207. Número 207 · Febrero 2019

  208. Número 208 · Febrero 2019

  209. Número 209 · Febrero 2019

  210. Número 210 · Febrero 2019

  211. Número 211 · Marzo 2019

  212. Número 212 · Marzo 2019

  213. Número 213 · Marzo 2019

  214. Número 214 · Marzo 2019

  215. Número 215 · Abril 2019

  216. Número 216 · Abril 2019

  217. Número 217 · Abril 2019

  218. Número 218 · Abril 2019

  219. Número 219 · Mayo 2019

  220. Número 220 · Mayo 2019

  221. Número 221 · Mayo 2019

  222. Número 222 · Mayo 2019

  223. Número 223 · Mayo 2019

  224. Número 224 · Junio 2019

  225. Número 225 · Junio 2019

  226. Número 226 · Junio 2019

  227. Número 227 · Junio 2019

  228. Número 228 · Julio 2019

  229. Número 229 · Julio 2019

  230. Número 230 · Julio 2019

  231. Número 231 · Julio 2019

  232. Número 232 · Julio 2019

  233. Número 233 · Agosto 2019

  234. Número 234 · Agosto 2019

  235. Número 235 · Agosto 2019

  236. Número 236 · Agosto 2019

  237. Número 237 · Septiembre 2019

  238. Número 238 · Septiembre 2019

  239. Número 239 · Septiembre 2019

  240. Número 240 · Septiembre 2019

  241. Número 241 · Octubre 2019

  242. Número 242 · Octubre 2019

  243. Número 243 · Octubre 2019

  244. Número 244 · Octubre 2019

  245. Número 245 · Octubre 2019

  246. Número 246 · Noviembre 2019

  247. Número 247 · Noviembre 2019

  248. Número 248 · Noviembre 2019

  249. Número 249 · Noviembre 2019

  250. Número 250 · Diciembre 2019

  251. Número 251 · Diciembre 2019

  252. Número 252 · Diciembre 2019

  253. Número 253 · Diciembre 2019

  254. Número 254 · Enero 2020

  255. Número 255 · Enero 2020

  256. Número 256 · Enero 2020

  257. Número 257 · Febrero 2020

  258. Número 258 · Marzo 2020

  259. Número 259 · Abril 2020

  260. Número 260 · Mayo 2020

  261. Número 261 · Junio 2020

  262. Número 262 · Julio 2020

  263. Número 263 · Agosto 2020

  264. Número 264 · Septiembre 2020

  265. Número 265 · Octubre 2020

  266. Número 266 · Noviembre 2020

  267. Número 267 · Diciembre 2020

  268. Número 268 · Enero 2021

  269. Número 269 · Febrero 2021

  270. Número 270 · Marzo 2021

  271. Número 271 · Abril 2021

  272. Número 272 · Mayo 2021

  273. Número 273 · Junio 2021

  274. Número 274 · Julio 2021

  275. Número 275 · Agosto 2021

  276. Número 276 · Septiembre 2021

  277. Número 277 · Octubre 2021

  278. Número 278 · Noviembre 2021

  279. Número 279 · Diciembre 2021

  280. Número 280 · Enero 2022

  281. Número 281 · Febrero 2022

  282. Número 282 · Marzo 2022

  283. Número 283 · Abril 2022

  284. Número 284 · Mayo 2022

  285. Número 285 · Junio 2022

  286. Número 286 · Julio 2022

  287. Número 287 · Agosto 2022

  288. Número 288 · Septiembre 2022

  289. Número 289 · Octubre 2022

CTXT necesita 15.000 socias/os para seguir creciendo. Suscríbete a CTXT

américa latina

Colombia, en punto de quiebre

Retos y esperanzas en un escenario inédito en 214 años

Gorka Martija 8/07/2022

<p>Gustavo Petro y Francia Márquez celebran su elección como presidente y vicepresidenta de Colombia, respectivamente.</p>

Gustavo Petro y Francia Márquez celebran su elección como presidente y vicepresidenta de Colombia, respectivamente.

A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra apuesta es recuperar el espíritu de la prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes permitirte pagar 4 euros al mes, apoya a CTXT. ¡Suscríbete!

“Después de 214 años logramos un gobierno del pueblo, el gobierno de los nadies de Colombia”. Con estas palabras, Francia Márquez, primera vicepresidenta afrodescendiente del país, ponía voz a la dimensión real de la victoria del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales del 19 de junio: el quiebre de la histórica cláusula de exclusión que ha mantenido a la izquierda y los sectores populares al margen del poder político durante toda la historia republicana del país. Se dice pronto, 214 años. 

No estamos, pues, ante una simple alternancia en el poder, un cambio de administración estándar previsible y bajo control. La gesta está cargada de épica y las lágrimas de alegría cobran todo el sentido. La tela de araña que han venido poniendo las instituciones colombianas al servicio de una pequeña élite oligárquica a lo largo de siglos ha saltado por los aires. Es un acontecimiento disruptivo, un punto de no retorno que abre escenarios ilusionantes pero también peligrosos, y prefigura nuevos campos de batalla. Porque no cabe duda de que quienes desencadenaron el genocidio de la Unión Patriótica, quienes no dudaron en liquidar físicamente a cada uno de los liderazgos institucionales que amenazaron con desbordar por la izquierda el statu quo colombiano –desde Gaitán hasta Pizarro, pasando por Jaramillo y Pardo Leal–, quienes aún en 2021 exterminaron al menos a 145 líderes sociales y defensoras de derechos humanos, no se quedarán de brazos cruzados si el nuevo gobierno da la batalla y acomete reformas que afecten a los privilegios y posiciones de poder político-empresariales, ya sean locales o transnacionales.

Y no cabe suponer que la promesa petrista de moderación, de apostar por “desarrollar el capitalismo” en el marco de un gran acuerdo nacional vaya a detener la reacción de una de las oligarquías más vinculadas a la dominación por la violencia de toda América Latina. El más tímido cambio va a ser un salmón a contracorriente. Cambios que se aventuran en ámbitos de vital importancia, como el reposicionamiento del capital transnacional en la gobernanza político-empresarial del país, el destino de megaproyectos ampliamente cuestionados, o la necesidad de poner fin a la violencia política y el terrorismo de Estado.

Poner cerco al capital transnacional, disyuntiva estratégica del cambio político

Los capitales transnacionales juegan un papel fundamental en este contexto crítico, dado su enorme peso específico y su tradicional capacidad para incidir en los medios de poder. Así, uno de los retos fundamentales del nuevo gobierno pasa por poner coto a la dependencia de la economía colombiana de estos capitales venidos del exterior en favor de esquemas económico-empresariales más autocentrados, soberanos, sostenibles y orientados a la satisfacción de las necesidades de las mayorías populares. Esto significa desplazar del centro de gravedad a la gran corporación transnacional como sujeto protagónico.

El modelo económico colombiano está altamente orientado a la atracción de inversión extranjera directa (IED) mediante esquemas de desregulación, liberalización y generación de entornos altamente favorables en cuanto a los derechos, recursos y capacidades de que gozan los capitales extranjeros que invierten en el país. Estos quedan a su vez exentos de cumplir deberes y exigencias mínimas respecto a las comunidades y territorios sobre los que intervienen, generando una amplia gama de impactos sistemáticos. 

Estamos ante un modelo de alfombra roja al capital transnacional, fruto de una inserción en la globalización basada en una agenda agresivamente neoliberal: desde la supresión en la Constitución de 1991 de la discriminación entre inversores nacionales y extranjeros, pasando por la llamada “apertura económica” de César Gaviria, la privatización masiva de empresas públicas llevada a cabo en los años noventa, o leyes como la 1004 sobre el nuevo régimen de zonas francas promovida por Álvaro Uribe, entre otras tantas medidas de sentido único. Una agenda que ha sido objeto de adecuación y profundización a lo largo de la última década, como respuesta al estallido global de 2008: las “locomotoras” de desarrollo de Juan Manuel Santos y su apuesta por agudizar las ya de por sí intensas lógicas extractivistas, incluido el fracking; la negociación de acuerdos comerciales diversos en oposición a la integración regional promovida por el bloque progresista latinoamericano; la centralidad creciente de mecanismos que combinan la colaboración público-privada, las licitaciones internacionales y la financiación multilateral de organismos como el Banco Mundial o el BID para implementar megaproyectos con participación transnacional.

Estamos ante un modelo de alfombra roja al capital transnacional, basado en una agenda agresivamente neoliberal

Este entorno favorable ha supuesto un aumento exponencial de los flujos de IED con destino a Colombia en las últimas décadas, intensificando así el carácter estratégico del capital extranjero sobre el tejido económico y empresarial local. Si hasta 1994 la inversión extranjera con destino Colombia apenas alcanzaba los 1.000 millones de dólares anuales, en 2014 ya superaba la barrera de los 16.000 millones sobre la base de la presencia determinante en el país de grandes empresas estadounidenses, españolas y canadienses. Una presencia que, como hemos podido sistematizar en investigaciones como Las multinacionales españolas en Colombia, La energía que apaga Colombia o Internacionalización empresarial ¿a cualquier precio?, han generado y generan gravísimos impactos económicos, políticos, jurídicos, ambientales, culturales, sociales y de género sobre los territorios y las comunidades en las que estas empresas operan.

Impactos sistemáticos derivados precisamente de la naturaleza transnacional de estas corporaciones, de su capacidad para generar espacios de impunidad y complicidades en ámbitos políticos y empresariales locales, e incluso de la articulación de alianzas con estructuras militares y paramilitares que garantizan por la violencia el control del territorio y el disciplinamiento poblacional al servicio de la empresa. Así lo atestiguan los casos de Coca-Cola o de Drummond, triste y sobradamente conocidos. 

Poner cerco a la posición enquistada del poder corporativo transnacional en Colombia –especialmente en sectores estratégicos y con alto potencial lesivo como son el energético, la construcción, la minería o la banca– se muestra entonces como un reto prioritario del nuevo gobierno. Ello pasa por revertir desde posiciones de Estado ese esquema de alfombra roja neoliberal consolidado durante las tres últimas décadas, reequilibrando poderes, capacidades y recursos en favor de lo público-comunitario.

Lucha contra los megaproyectos, bandera del movimiento popular

Colombia es tierra de megaproyectos. Estos constituyen uno de los principales atractivos para las empresas transnacionales, en alianza con capitales locales, clanes y grupos de poder territoriales e instancias institucionales nacionales, departamentales y municipales. Son también la máxima expresión de una impunidad corporativa que en Colombia es especialmente marcada. No en vano, las enormes dimensiones físicas, económicas, territoriales y sociales de este tipo de iniciativas implican una enorme “onda expansiva”, es decir, una maximización exponencial de sus impactos negativos, incluyendo la apertura de márgenes claros para la violación de los derechos humanos. De la mano de la limitación de espacios al capital transnacional, el movimiento popular pugnará por incluir en la agenda gubernamental un nuevo posicionamiento en torno a los megaproyectos presentes y futuros desde parámetros ampliamente restrictivos.

Este tema ha ganado peso en el debate colombiano en los últimos años. Cuestiones que hace una década se circunscribían a territorios y comunidades afectadas han cobrado dimensión nacional, de la mano de su impulso estratégico en el marco de las “locomotoras” de desarrollo minero-energético y de infraestructuras. Ahí tenemos el caso paradigmático de Hidroituango, la mayor represa hidroeléctrica de América Latina, cuyos impactos masivos en todos los órdenes han contado con la oposición comunitaria del Movimiento Ríos Vivos. O la discusión permanente sobre el diseño y construcción del Metro de Bogotá, y los intereses creados en torno al mismo en el marco de una mal llamada “colaboración público-privada”. También las luchas de las comunidades afrodescendientes contra los proyectos de ampliación del puerto de Buenaventura, principal salida de las exportaciones del país. O la proliferación de infraestructuras de regasificación en ambas costas colombianas, ligadas a una intensificación de las lógicas extractivistas.

Estos megaproyectos se han convertido en bandera del movimiento popular, sindical y comunitario colombiano y, en tanto que máxima expresión de los impactos multidimensionales del poder corporativo, requerirán sin duda una respuesta enérgica por parte del nuevo gobierno, mediante paralizaciones, reversiones, moratorias y redefiniciones integrales de las planificaciones estratégicas al máximo nivel. 

Poner fin al terrorismo de Estado 

Al nuevo gobierno le va la vida en poner fin a la vigente alianza militar-paramilitar como herramienta de desactivación de la izquierda sociopolítica desde una óptica contrainsurgente. Una alianza diseñada para perpetuar el esquema de gobernanza político-empresarial que hemos detallado anteriormente, del que se benefician empresas transnacionales, capitales locales y redes de poder político a todos los niveles institucionales. Y que, de no topar con un freno contundente, operará activamente para desestabilizar el más mínimo cambio progresista por parte del nuevo gobierno.

El modelo económico del país se ha venido implementando sobre la base de un largo conflicto político y social de carácter armado

No podemos obviar que el modelo económico del país se ha venido implementando sobre la base de un largo conflicto político y social de carácter armado. Un contexto de guerra interna que tamiza y da sentido al grueso de las relaciones socio-económicas, cuyos principales actores –organizaciones insurgentes, paramilitares, criminalidad organizada y fuerzas policiales, militares y de seguridad del Estado– interlocutan de formas variadas con los sujetos políticos y empresariales que operan en el país. Y que, en definitiva, subsumen las lógicas empresariales estándar en las dinámicas de la guerra, generando sinergias entre actores políticos, empresariales (locales y transnacionales) y armados.

El caso colombiano se ha destacado por los vínculos entre las élites políticas, las empresas transnacionales que invierten en el país –incluyendo sus cadenas de subcontratación– y las organizaciones paramilitares que actúan en connivencia con sectores militares, policiales y de inteligencia. Este conglomerado vertebra la estrategia del Estado colombiano dirigida a anular a los actores que pudieran entorpecer la llegada de inversiones extranjeras. Es una alianza, por tanto, que opera contra los posicionamientos críticos en torno al modelo económico y el rol preponderante de las empresas transnacionales. Y que cobra especial virulencia cuando se trata de anular por la fuerza resistencias sociales a megaproyectos específicos. 

Estamos pues ante una alianza cuya acción garantiza, mediante la violación sistemática de los derechos humanos, la seguridad de las inversiones extranjeras en Colombia y, de forma más general, las posiciones de poder de unas élites que han controlado el país ininterrumpidamente desde hace mucho tiempo. En este contexto, se ha generalizado la necesidad por parte de personalidades populares y de izquierda de recurrir a los llamados “esquemas de seguridad”, frente a la amenaza de grupos paramilitares en constante mutación como las Águilas Negras o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Grupos cuya actividad ha desembocado en el asesinato selectivo de casi 340 excombatientes de las FARC-EP acogidos a los Acuerdos de La Habana, y de más de un millar de líderes y lideresas sociales desde 2016. Asimismo, junto con el recrudecimiento de la represión oficial en el contexto del Paro Nacional, ha resurgido el fenómeno de las masacres colectivas por parte de estos grupos irregulares. 

Dado el vínculo histórico de estos grupos con ejército, policía y servicios de inteligencia, el reto del nuevo gobierno es doble: desactivar los grupos paramilitares irregulares y reorientar de forma integral estas instancias oficiales de seguridad, impulsando parámetros democráticos de respeto a los derechos humanos y readecuando estructuras y mandos para garantizar su lealtad al mandato democrático. Quizá en este terreno se juegue el destino del nuevo gobierno.

Diálogo con el ELN e implementación integral del Acuerdo de La Habana

Una de las consecuencias de la exclusión histórica de la izquierda del poder institucional en Colombia es el surgimiento de expresiones armadas insurgentes frente a la inexistencia de cauces pacíficos para la acción política. La conclusión definitiva de los procesos de paz con las dos principales organizaciones guerrilleras del país, FARC-EP y ELN, es un imperativo insoslayable para el primer gobierno de izquierda en la historia del país.

En lo que respecta a las FARC-EP, el acuerdo está ya suscrito desde 2016, solo queda su implementación efectiva en los cinco puntos principales que lo componen: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas. Y, sobre todo, establecer las medidas necesarias para garantizar la vida de los excombatientes reinsertados que están siendo objeto de un exterminio sistemático.

El diálogo con el ELN cesó en una fase prematura de su desarrollo, y requiere ser retomado hasta sus últimas consecuencias. El quiebre de la hegemonía cultural y política uribista que se ha consolidado en los últimos años supone una ventana de oportunidad sin igual para cerrar definitivamente el ciclo de confrontación armada entre el Estado y las insurgencias de izquierda. El estado de ánimo colectivo que dio lugar al ‘no’ en el plebiscito de 2015 ha sufrido un vuelco, y el uribismo guerrerista está en sus horas más bajas. Es el momento de acometer esta tarea estratégica.

Para ello convendría atender a tres ejes que ya había planteado el ELN en los primeros estadios de la negociación: participación de la sociedad, garantías para el ejercicio de la acción política y transformaciones para la paz; estas últimas centradas en incidir en el modelo extractivista y corporativizado que domina la economía colombiana, sobre todo en el ámbito minero-energético. Tres ejes que, a diferencia de los gobiernos de Santos y Duque, interesados en reducir el eventual desarrollo de los mismos a la mínima expresión, confluyen en una parte no menor con el propio programa de gobierno del Pacto Histórico. No en vano, y pese a los múltiples compromisos cruzados que han posibilitado la victoria electoral, este documento señala como ejes principales de su articulado cuestiones como la superación de la economía extractivista, la lucha contra el cambio climático, la democratización de las múltiples esferas de la vida social, económica y política del país, etc.

Avanzar en la negociación con el ELN no solo podría revertir en los beneficios derivados de la paz misma, sino que puede espolear la implementación del propio programa del Pacto Histórico fortaleciendo y traccionando sus aspectos más transformadores. Por el momento, el programa de gobierno del Pacto Histórico contempla expresamente retomar las negociaciones, y la organización insurgente ha mostrado públicamente su disposición. El entorno, por tanto, es favorable y puede dar lugar a un escenario de paz histórico.

¿Y desde este lado del charco?

La solidaridad internacional con Colombia ha sido y es muy importante en Europa, de la mano de una numerosa comunidad de personas exiliadas por su militancia de izquierdas. Se impone dar continuidad a esta solidaridad y actualizarla para adecuarla al nuevo contexto.

En este marco, es el momento de que este ejercicio internacionalista dé un salto cualitativo, pasando de la visión resistencialista y muchas veces pesimista que impregnaba la mirada respecto al escenario colombiano –donde muchas veces pareciera que no cabía mucho más que esperar a la siguiente atrocidad cometida por el poder– a una mirada que dimensione el escenario absolutamente novedoso que representa el primer gobierno izquierdista de la historia del país. La primera obligación de la solidaridad internacionalista parece clara: apoyar los esfuerzos del proceso sociopolítico de transformación abierto por implementar una agenda institucional-popular que incluya los cuatro retos antes enumerados: cerco al capital transnacional, lucha contra los megaproyectos, fin del terrorismo de Estado y culminación del proceso de paz con las insurgencias guerrilleras. Y, de manera más general, acompañar al movimiento popular diverso (sindical, en defensa de las comunidades, feminista, ambientalista, barrial) en este proceso complejo.

Pero hay otra tarea internacionalista estratégica para acompañar el despliegue de esta agenda de cambio: mantener a raya a “nuestras” propias empresas transnacionales y gobiernos en su disposición respecto al nuevo gobierno y los eventuales cambios que modifiquen la posición de poder de estas corporaciones en el país. Una tarea determinante, dado que estas empresas no están en absoluto interesadas en ninguna medida que limite la alfombra roja que la institucionalidad colombiana viene estableciendo para favorecer su aterrizaje en el país. 

Durante años la solidaridad internacional ha realizado un importante trabajo de denuncia del papel cómplice que, en un contexto de violencia narcoparamilitar como el de Colombia, han jugado y juegan numerosas empresas transnacionales, así como el apoyo económico y político en materia de internacionalización que desde los Estados de origen de esas corporaciones se les ha brindado para la captura de mercados en territorio colombiano. Un apoyo que obvia completamente la dimensión vinculada al cumplimiento del marco internacional de los derechos humanos, centrando el foco de manera marcadamente unidimensional en el acaparamiento de los mercados locales. 

Frente a este contexto, y en previsión de que el desarrollo del programa de gobierno pudiera afectar, siquiera parcialmente, a la ventajosa posición que estas empresas ocupan en Colombia, debemos prepararnos para la confrontación aquí, en el lugar de origen de tales empresas y de los gobiernos que las apoyan económica y diplomáticamente. En defensa de una agenda popular que solo puede pasar por la expropiación de las capacidades, los recursos y los privilegios que tienen las empresas transnacionales que operan en Colombia. Incluidas las “propias”.

—------------------

Gorka Martija (@TMcMartiman) es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

“Después de 214 años logramos un gobierno del pueblo, el gobierno de los nadies de Colombia”. Con estas palabras, Francia Márquez, primera vicepresidenta afrodescendiente del país, ponía voz a la dimensión real de la victoria del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales del 19 de junio: el quiebre de la...

Este artículo es exclusivo para las personas suscritas a CTXT. Puedes suscribirte aquí

Autor >

Gorka Martija

Suscríbete a CTXT

Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí

Artículos relacionados >

Deja un comentario


Los comentarios solo están habilitados para las personas suscritas a CTXT. Puedes suscribirte aquí