En la tarde del domingo 30 de octubre, saltaron todas las alarmas en la campaña de la coalición Brasil da Esperança liderada por Luiz Inácio da Silva: múltiples vídeos revelaban controles policiales en las carreteras de las regiones que apoyan masivamente a la izquierda, a pesar de que el Tribunal Superior Eleitoral (TSE) había prohibido a la Policía Rodoviaria Federal (PRF). Durante los últimos días de la campaña, los movimientos sociales y la izquierda habían festejado que la justicia garantizase el passe livre (transporte gratuito) en las principales ciudades del país. Nadie se esperaba el cambio de guión.  

El uso partidario de la policía de Brasil durante la votación decisiva es la metáfora perfecta de la era Bolsonaro

En la esfera digital bolsonarista la directriz era votar pronto por la mañana, para “evitar confusiones”. La estrategia de la policía de carreteras, liderada por el bolsonarista radical Silvinei Vasques, fue orquestada por el propio Gobierno. El boicot de algunas ciudades al passe livre completaba el escenario hostil hacia la izquierda. En Macapá, capital del estado amazónico de Amapá, casi desaparecieron los autobuses públicos. Algunas personas, tras horas de espera, desistieron de votar. El cacique Siraium, del pueblo Kaiabi, denunció que en el municipio de Querência (Mato Grosso) tres mil indígenas no estaban pudiendo votar porque el alcalde suspendió el transporte. Desde el nordeste, tierra natal de Lula, llegaban vídeos con policías dentro de autobuses pidiendo el voto para Bolsonaro. En el estado amazónico Pará, en el que Lula ganó por casi diez puntos, muchas empresas de autobuses incumplieron la resolución de la justicia y alegaron falta de billetes. Hashtags como #DeixemONordesteVotar o alusiones a un “golpe de Estado” incendiaron Twitter. En los grupos de WhatsApp de las fuerzas del orden, algunos agentes celebraban la privación del derecho al voto de izquierdistas.   

A falta de un estudio pormenorizado, los resultados electorales sugieren que la redadas policiales y falta de autobuses en tierras izquierdistas pueden haber afectado algo al resultado. En el estado de Amapá, Lula ganó a Bolsonaro en el primer turno por el 45,67% frente al 43,41%. Bolsonaro ganó el segundo por 51,36% a 48,64%. El resultado de Lula en el nordeste, su gran bastión electoral, fue el peor de un candidato del Partido dos Trabalhadores (PT) desde 2002: un 69,3%. ¿Hasta qué punto la megaoperación policial es responsable del resultado?  

Normalización democrática

El uso partidario de la policía de Brasil durante la votación decisiva es la metáfora perfecta de la era Bolsonaro. Nunca la máquina del Estado había estado funcionando a pleno gas durante una campaña electoral. Nunca antes la Procuradoria Geral da República (PGR), dirigida por el bolsonarista Augusto Aras, había hecho tanto la vista gorda ante el descarado uso electoral de la maquinaria pública. Jamás había existido en el Congreso un presupuesto secreto que desviara de forma sistemática tanto dinero público hacia la campaña electoral de un gobierno y sus aliados, como denunció el veterano corresponsal Andrew Downie en The Guardian.  

El primer gran desafío de Lula cuando asuma la presidencia es restaurar el funcionamiento básico de la democracia

Por todo ello, el primer gran desafío de Lula cuando asuma la presidencia el 1 de enero es restaurar el funcionamiento básico de la democracia. La tarea es ardua, pero no imposible. Lula vuelve con autoridad. El resultado del segundo turno de las elecciones fue apretado (1,8 puntos), pero los 60.345.999 votos de Lula le convierten en el presidente más votado de la historia del país. Además, Jair Bolsonaro es el único presidente desde la redemocratización que no tendrá un segundo mandato. Muchos analistas destacan las dificultades que Lula tendrá para lidiar con un Congreso y un Senado conservadores. Sin embargo, Lula, como jefe del Ejecutivo, tiene la posibilidad de restaurar con rapidez el funcionamiento de instituciones tan vitales como la citada Procuraduría, el Ministerio Público o las policías que dependen del gobierno central (la PGR y la Policía Federal). También de instituciones secuestradas por el bolsonarismo como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), la Fundación Palmares o el Instituto Brasileño do Medio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), del que depende parte de la fiscalización de la Amazonia. El Gobierno de Noruega ya ha anunciado que retomará el Fondo Amazonia para ayudar a la conservación de la selva, que había cancelado en 2019 tras el aumento de la deforestación. Muchos otros acuerdos de cooperación internacional, bloqueados por el Gobierno de Bolsonaro, serán reactivados. El paulatino regreso de Brasil al panorama internacional nutrirá la restauración democrática del país.  

La relación con el Congreso y el Senado no será fácil. Pero el escenario no es tan diferente al que se enfrentó Lula durante sus dos mandatos. Tras estas elecciones, los aliados de izquierda y de centro del presidente electo suman 223 diputados en un Congreso de 513. La base de diputados bolsonaristas, 197. Haber configurado un frente democrático amplio provoca que Lula pueda volver a contar con el Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Simone Tebet (42 diputados) y con el Partido Social Democrático (PSD, 42), con quien tejió una sólida alianza en Minas Gerais. Todo apunta a que podrá contar habitualmente con los 29 diputados de su archienemigo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). El denominado centrão, el bloque parlamentario de partidos de centro y de derecha, suele alinearse con el presidente. Lo hicieron durante los dos mandatos de Lula y durante el Gobierno Bolsonaro. “Si el gobierno tiene un plan de obras públicas, el 80% de la base de Bolsonaro migra inmediatamente a la base del presidente Lula”, acaba de afirmar Reginaldo Lopes, líder del Partido dos Trabalhadores (PT) en el Congreso.  

La situación en el Senado es similar. El resultado en los gobiernos regionales, sin ser favorable a Lula, no es tan demoledor. São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los estados más importantes del país, están en manos de la derecha. Sin embargo, el arco de alianzas de Lula transforma en aliados a políticos tan dispares como Helder Barbalho (MDB) en Pará o a Eduardo Leite (PSDB) en el influyente estado Rio Grande do Sul. La casi segura incorporación de Simone Tebet al Ejecutivo de Lula puede allanar otras alianzas en muchas regiones. Da Silva ya ha tendido la mano a todos los gobernadores y alcaldes de Brasil, sean del partido que sean.  

El bolsonarismo mantendrá a todo gas la estructura de guerra sucia activada para las elecciones de 2018  

El futuro del bolsonarismo

La mayor dificultad a la que se enfrenta Lula no es pues, la gobernabilidad. Tampoco la delicada situación económica –inestabilidad global, deudas contraídas por medidas electoralistas, inflación, tipos de interés altos–, sino la división de Brasil. El país está profundamente dividido incluso regionalmente, como muestra el mapa de los resultados electorales. Lula, en los dos discursos que dio la noche del domingo, insistió en la reconciliación del país. Conciliación de opuestos, reconciliación familiar. “No existen dos Brasiles. Es hora de bajar las armas que jamás deberían haber sido empuñadas”, afirmó. Encarnar la figura del reconciliador nacional ha sido una estrategia clave para derrotar al autoproclamado rupturista Bolsonaro. Es además, una de las pocas narrativas que permitirán a Lula maniobrar con los poderes fácticos y económicos.  

No será fácil. Los camioneros bolsonaristas tardaron solo unas horas en bloquear las carreteras de medio Brasil. Cualquier palabra o insinuación de Jair Bolsonaro o su familia pueden desatar una ola de violencia imprevisible. El no reconocimiento inmediato del resultado electoral es una señal. Es bastante improbable que no reconozca los resultados. Pero sí que lance una secuencia de declaraciones ambiguas que siembren dudas sobre el proceso electoral. Como apuntaba hace unas semanas la socióloga Esther Solano, puede que Bolsonaro juegue la carta de encender las calles para intentar proteger a su mujer y a sus hijos de procesos judiciales. Todos están envueltos en casos de posible corrupción. Y Lula ha recordado durante la campaña que levantará el sigilo de cien años que Bolsonaro decretó sobre las actividades de su familia y otros protagonistas de su Gobierno. ¿Cederá Lula? ¿Existirá una transición política pacífica?  

La ecuación a la que se enfrenta Lula es compleja. Superar la ola antipolítica de descrédito de las instituciones que aupó a Bolsonaro necesita tiempo

Ocurra lo que ocurra con Jair Bolsonaro, el movimiento bolsonarista no desaparecerá. Durante los próximos cuatro años existirá una feroz oposición al Gobierno de Lula. En el Congreso, en el Senado, en las redes, en las calles. El bolsonarismo mantendrá a todo gas la estructura de guerra sucia activada para las elecciones de 2018. La movilización permanente girará en torno a cuestiones morales. Y la narrativa antisistema de Bolsonaro, que consiguió mantener incluso siendo presidente, se reforzará. Del otro lado, la base electoral de Lula canalizará todos los esfuerzos para defender al Gobierno. Aunque Lula apueste por tener un Ministerio de Cultura fuerte y desarrolle algunas políticas públicas de redistribución de renta y de apoyo a la diversidad, es posible que la frustración de sus votantes vaya in crescendo. El pragmatismo económico será insuficiente para su base más izquierdista. Simultáneamente, el Gobierno será tildado de comunista y/o bolivariano por el bolsonarismo. “Lula tiende a tener una luna de miel corta y una aprobación baja”, en palabras de Christopher Garman, director ejecutivo de Eurasia para las Américas.  

La ecuación a la que se enfrenta Lula es compleja. La receta con la que llegó al poder hace veinte años parece estar caducada. Superar la ola antipolítica de descrédito de las instituciones que aupó a Bolsonaro necesita tiempo. Algunas voces solicitan un nuevo acuerdo democrático, algo que parece inviable a corto plazo. Roberto Andrés, influyente urbanista que ha estado en la línea de frente de la campaña ciudadana de apoyo a Lula, demanda en un artículo una urgente producción de “perspectivas de futuro reales”. Argumenta que el bolsonarismo no es un fenómeno exclusivamente ligado al resentimiento, sino al deseo, porque su proyecto reaccionario ha sido capaz de dar cohesión a tendencias conservadoras apuntando a un futuro: “Un futuro ilusorio e inviable, pero es el que hoy está sobre la mesa. Debilitarlo demandará producir perspectivas de futuro reales que van más allá del retorno a los años de oro del primer lulismo. Eso solo puede ocurrir mediante un proceso de cambio social, en el que las tendencias progresistas se fortalezcan a partir de decisiones políticas”.  

El desafío es enorme. A primera vista, imposible de ser ejecutado. Pero Roberto Andrés concluye su artículo con optimismo: “Quien veía a Lula saliendo de prisión en noviembre de 2019 difícilmente podía imaginar que vencería la carrera de obstáculos necesaria para asumir la presidencia tres años después”.