En el activismo pro transparencia y anticorrupción estamos todavía en shock por la sentencia del TJUE que impide el acceso público a los registros de titularidad de las empresas al considerarlo una injerencia en la vida privada. 

El procedimiento judicial ante el TJUE lo activaron dos demandas presentadas por la compañía Sovim S.A. y su dueño real, propietario de una sociedad de cartera en las Islas Vírgenes Británicas con actividades en Luxemburgo, Chipre y Rusia, y activos valorados en más de tres millones de dólares. También es copropietario de una empresa registrada en el paraíso fiscal centroamericano de Belice, tal y como revela una investigación periodística del ICIJ posterior a la resolución judicial.

Una vez más, leyes surgidas de la sociedad civil para proteger sus derechos frente a abusos de los más poderosos, como son las leyes de protección de datos, ven tergiversada su razón de ser para ser utilizadas en favor de estos últimos y para perpetrar la asimetría de poder que se quería corregir.

Y no solo. Hay un doble rasero que hace que mientras se cuida de que los poderosos no sufran grandes cambios por la afirmación de derechos colectivos, la gran mayoría de la población sufre años y años de déficit en la implementación que afectan a la salvaguarda de sus intereses.

Los datos de las personas autónomas

Un informe de investigadores del posgrado de la Universitat de Barcelona en Tecnopolítica y Derecho en la Era Digital, coordinado por Xnet, revela la exposición sistémica de los datos de las personas que trabajan en régimen de “autónomos” que son incluso comercializados sin que estas estén informadas. 

La investigación concluye que las categorías más afectadas son algunas de las de menores ingresos. El procedimiento que genera esta exposición es el que se realiza entre la Agencia Tributaria, la Cámara de Comercio, Camerdata y consultoras privadas.

Los autores del informe piden que se evite utilizar estos hallazgos para justificar el cierre al público del registro mercantil, cuya apertura llevan tiempo pidiendo muchas organizaciones pro transparencia como Xnet. La transparencia debe ser un instrumento para el equilibrio de poderes y no está reñida con la preservación de la privacidad personal. Es absolutamente posible incluir las debidas salvaguardas para quienes no tengan ingresos suficientes (3,5 veces el IPREM Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) para permitirse un domicilio profesional, mientras se permite conocer la titularidad de actividades profesionales.

El informe propone modificaciones legales para:

1 – Proteger la privacidad de las personas trabajadoras autónomas con ingresos que no les permitan un domicilio profesional diferente del suyo personal.

2 – Corregir los protocolos para que se evite la comercialización de datos personales y se informe correctamente sobre los derechos de las personas autónomas en materia de protección de datos y el destino de sus datos por parte de la Agencia Tributaria y de la Cámara de Comercio en el momento del alta.

Autónoma/o, ¡sé donde vives!

Compañera o compañero autónomo, busca tu nombre en Google. ¿No trabajarás desde casa? Porque entonces es posible, incluso probable, que entre los resultados encuentres la dirección de tu domicilio. Y, por un módico precio, cualquiera que te busque podrá acceder a otros de tus datos personales.

Cabe preguntarse si la transparencia justifica también que haya empresas privadas como Axesor y Einforma, por citar algunos ejemplos, que ponen al alcance de cualquiera, sin necesidad de identificación, la dirección de casa de trabajadores micro autónomos mediante una búsqueda simple en Google.

Lo que más impacta es que, si se mira la letra pequeña, estas empresas de información empresarial y rating afirman obtener la mayor parte de sus datos de la Cámara de Comercio. 

Ahora bien: si formas parte del colectivo de más de un millón de personas de pequeños autónomos sin empleados que trabajan desde casa, muy probablemente no te habrás registrado en la Cámara de Comercio. Habrás dado tus datos a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, asumiendo que los utilizarían solo para fines administrativos. 

De hecho, si vas a pedir información a Hacienda, es muy probable que te digan, como nos dijeron a nosotras, que tus datos no se los dan a nadie. Pero la ley obliga a la Agencia Tributaria a compartir con las Cámaras de Comercio los datos de una gran parte de las personas autónomas. Y a pesar de que, a primera vista, la ley parece exigir cautela en el tratamiento de los datos llegan a manos de terceros –las mencionadas empresas consultoras. El hecho de que haya fines mercantiles de por medio tampoco parece ser un problema. Ni que los datos queden indexados y sean de fácil acceso. Incluso aquellos de pago quedan expuestos para cualquiera con conocimientos básicos de navegación web.

En la web Censo Público de Empresas de la Cámara de Comercio, se proporciona a cualquiera que haga una búsqueda por apellido, la dirección del autónomo. Incluye, además, un botón de acceso directo a Camerdata que ofrece más información, previo pago. 

Artículo 8. Censo público.

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación elaborarán un censo público de empresas del que formarán parte las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan las actividades comerciales, industriales, de servicios y navieras en territorio nacional, para cuya elaboración contarán con la colaboración de la administración tributaria competente así como de otras administraciones que aporten la información necesaria, garantizando, en todo caso, la confidencialidad en el tratamiento y el uso exclusivo de dicha información.

[...]

Dicho personal tendrá, con referencia a los indicados datos, el mismo deber de sigilo que los funcionarios de la administración tributaria. El incumplimiento de este deber constituirá, en todo caso, infracción muy grave de conformidad con su régimen disciplinario. 

Target: los sectores más precarios

No todas las personas autónomas aparecen igual de fácilmente en los resultados de búsqueda. Intentando entender los criterios por los cuales algunas personas quedan expuestas y otras no, hemos identificado un patrón por el cual las profesiones más expuestas son principalmente las de ámbito de renta relativamente baja como riders, limpieza, servicios personales, hostelería, comercio al por menor, dibujo, audio y vídeo, reparaciones...

No hemos recibido respuesta

Nos pusimos en contacto con la Agencia Tributaria hace más de un año. Todavía estamos esperando la respuesta. 

Nos pusimos en contacto con la Cámara de Comercio (formulario de transparencia) hace más de un año. Todavía estamos esperando la respuesta. 

“Hola, me llamo XXXX. 

Me gustaría informarme sobre el tratamiento que se da a los datos incluidos en el alta en el censo de actividades económicas. 

Me consta que, bajo lo indicado en la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, se comparten dichos datos con las cámaras oficiales de comercio para su inclusión en su Censo público de Empresas. 

¿Me podrían informar de qué datos concretos se envían y con qué condiciones? 

Me interesa, en particular, saber si dichos datos pueden compartirse con terceros o utilizarse con fines mercantiles. 

Además, me gustaría saber si, en caso de que la dirección de mi actividad coincida con mi domicilio particular, es posible prevenir o limitar su distribución a terceros a la misma o a otros datos identificables sin interés comercial. 

Muchas gracias”.

Hoy abrimos una interpelación a la Agencia Española de Protección de Datos para que se modifique la ley y los protocolos y os pedimos ayuda en la difusión.

Aquí las recomendaciones legislativas y el informe “Abusos en el ámbito laboral: la venta de los datos de las personas en régimen de autónomos”, que es parte de un informe más amplio titulado “Privacidad, Protección de Datos vs Abusos Institucionalizados”.

¡Seguimos!

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