violaciones del Estado
Defender los derechos de la mujer en un sistema judicial fallido
El derecho a un juicio justo ya no está garantizado en Polonia, afirman las activistas que protestan contra las estrictas leyes sobre el aborto
Irene Donadio (Social Europe) 7/01/2023
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Justyna Wydrzyńska, activista defensora de los derechos de la mujer, se enfrenta a hasta tres años de cárcel tras ser acusada de proporcionar píldoras abortivas a una mujer que las quería: es el primer caso de este tipo en Europa. En 2020, Wydrzyńska, miembro del grupo activista polaco Abortion Dream Team, atendió la petición de una mujer que parecía mantener una relación de maltrato y que quería píldoras abortivas porque había decidido poner fin a su embarazo.
Pero el aborto nunca tuvo lugar: las pastillas fueron interceptadas por el marido de la mujer, que llamó a la policía. Wydrzyńska fue detenida y acusada de facilitar un aborto. Hoy espera que su caso sirva para sacar a la luz las estrictas leyes polacas sobre el aborto y la forma en que se utiliza el sistema judicial para perseguir a los defensores de los derechos que protestan contra ellas.
Uso de una fuerza excesiva
Según los informes, al menos seis mujeres han muerto tras negárseles un aborto desde que, hace poco más de dos años, el Tribunal Constitucional de Polonia impusiera una prohibición casi total de la interrupción del embarazo. En aquel momento, la sentencia provocó manifestaciones masivas en todo el país. Los manifestantes, en principio pacíficos, se encontraron con la fuerza excesiva de las autoridades, que utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta y agresiones físicas para someterlos. A estos ataques le siguieron detenciones y cargos contra quienes defendían los derechos de las mujeres.
Actualmente, la persecución judicial de los defensores de los derechos continúa en Polonia. Ciertos fiscales con intereses políticos han presentado cargos espurios contra activistas y los casos han sido atendidos por jueces leales al partido gobernante Ley y Justicia.
La Red Europea de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF EN, por sus siglas en inglés) ha hablado con varios activistas en Polonia en el marco de su campaña Defiende a los Defensores, que pone de relieve su difícil situación, recauda fondos para apoyo psicológico y asistencia jurídica en casos judiciales, y pide a la Unión Europea que actúe para proteger a los activistas.
Wydrzyńska es una de estas activistas y manifestó: “La empatía no debe castigarse, sobre todo cuando alguien te pide ayuda. Creo que sólo hay una oportunidad para demostrar que la ley es extremadamente perjudicial. Incluso si me condenan a prisión, estoy preparada. Creo que esta batalla es más importante que mi libertad”.
Según la legislación polaca, no se criminaliza a las personas que abortan, pero sí a quienes las ayudan directamente. El gobierno y los grupos ultraconservadores de derechas quieren castigos más severos para los activistas que defienden el derecho al aborto. También persiguen a los familiares, parejas y amigos que intentan garantizar que las mujeres obtengan una atención adecuada cuando abortan.
No podemos contar con que los tribunales sean justos durante mucho tiempo
Wydrzyńska declaró que el Ministerio de Justicia polaco había designado a un juez de derechas para su caso, que ha sido aplazado en dos ocasiones tras la incomparecencia de un testigo, y cuya próxima vista está prevista para el mes que viene. Se ha informado de que en el juicio el juez permitirá a Ordo Iuris –una organización fundamentalista polaca que hace campaña contra el aborto y los derechos LGBT+ en el país– estar junto a la acusación para representar los derechos del feto.
La persecución a los defensores de los derechos
La activista Marta Lempart fue acusada en virtud de las leyes covid-19 –junto con otras dos mujeres, Klementyna Suchanow y Agnieszka Czerederecka-Fabin– por participar en las protestas contra el aborto de 2020. Cada una de ellas se enfrenta a ocho años de prisión. Lempart dijo que su caso ya había sido juzgado una vez y desestimado por un juez por falta de pruebas. Ahora, la fiscalía vuelve a intentarlo.
A Lempart se le imputan 106 cargos en su contra, entre ellos delitos relacionados con infringir las normas de covid-19, bloquear el tráfico, colgar carteles y tirar basura en público. La mayoría están pendientes debido al pulso entre Polonia y la UE.
La financiación de Polonia por parte del bloque lleva congelada más de un año, en medio de la preocupación por la independencia judicial del país. Si fructifican las reformas exigidas por la UE, es probable que se retiren los cargos contra activistas como Lempart pero, mientras tanto, el coste para su salud mental y su economía es serio.
El ambiente político fomentado por el partido Ley y Justicia hace que mucha gente considere aceptable intimidar a los defensores de los derechos de otras formas
No podemos contar con que los tribunales sean justos durante mucho tiempo, ya que la represión hacia el poder judicial independiente en Polonia se está llevando a cabo a la máxima velocidad. “Los jueces son apartados de los casos y sustituidos por decisiones políticas del partido en el poder todos los días”, afirmó Lempart.
“Ahora el gobierno aspira a tener plenos poderes para decidir qué juez se encarga de cada caso y, de este modo, asumir la dirección de todos los tribunales posibles. Las tasas judiciales y las multas por delitos menores también son elevadas: si los fiscales no pueden meter a la gente en la cárcel, quieren paralizarlos económicamente”.
Para empeorar las cosas, el ambiente político creado y fomentado por el partido Ley y Justicia hace que mucha gente considere aceptable intimidar a los defensores de los derechos de otras formas. Algunos activistas han recibido amenazas de muerte y de bomba por parte de grupos neonazis, y a Lempart se le asignó protección policial tras una escalada de amenazas contra su vida. Además de las numerosas acusaciones, Ordo Iuris ha interpuesto contra Lempart una querella por difamación.
Un rayo de esperanza
En Polonia no sólo se ataca a los activistas: periodistas, políticos, jueces independientes y ciudadanos de a pie también sufren agresiones politizadas. Está el caso de la legisladora Joanna Scheuring-Wielgus, que se enfrenta a dos cargos por participar en una protesta en una iglesia en 2020, en la que portaba una pancarta de apoyo al aborto.
La fiscalía de la ciudad de Toruń acusó a Scheuring-Wielgus de “ofensa a los sentimientos religiosos” e “injerencia maliciosa en el culto religioso”, según Human Rights Watch. La vista se celebrará en este mes de enero y cada delito –de los que se ha declarado inocente– conlleva una pena de hasta dos años de prisión.
La UE espera a que Polonia cumpla los “objetivos” fijados por la Comisión Europea para liberar los fondos de cohesión y de recuperación de la covid
En otro hecho preocupante, los defensores polacos de la libertad parecen haber perdido un aliado debido a los recientes cambios en la oficina del Defensor del Pueblo, el organismo supuestamente neutral designado para investigar las quejas contra funcionarios públicos. El defensor del pueblo, Marcin Wiącek, ha destituido a su adjunta, Hanna Machińska, conocida por proteger los derechos de los refugiados en la frontera polaco-bielorrusa y por intervenir en favor de los manifestantes detenidos durante actos en defensa del aborto y de los derechos LGBT+. Machińska será sustituida por Wojciech Brzozowski, especialista en derecho confesional.
Entretanto, la UE espera a que Polonia cumpla los “objetivos” fijados por la Comisión Europea para liberar los fondos de cohesión y de recuperación de la covid-19, congelados debido a graves violaciones del Estado de Derecho y de derechos fundamentales. Sin embargo, los eurodiputados han expresado su preocupación al considerar insuficientes los criterios de la Comisión y han instado al Consejo de la UE a no liberar los fondos hasta que Polonia los haya cumplido plenamente. Lempart está de acuerdo pues cree que el planteamiento de la UE envalentona al partido Ley y Justicia.
El apoyo a la liberalización de las leyes sobre el aborto ha pasado del 37% en 2016 al 70% en 2022
Marta Lempart lo explicó: “Los objetivos no se ajustan a las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, por lo que la UE incumple sus propias leyes. La UE está enviando un mensaje claro de que no les importa el Estado de derecho en Polonia, y ahora se está intentando tramitar por la vía rápida los casos contra los manifestantes antes de que se apliquen estos nuevos cambios”.
¿Es esta la Europa en la que queremos vivir, donde los derechos son negociables, donde las mujeres son obligadas a quedarse embarazadas y los defensores de los derechos son arrastrados a los tribunales por gobiernos fundamentalistas? Sin embargo, todavía hay esperanza y, con las elecciones parlamentarias polacas de 2023, los ciudadanos tienen la oportunidad de impulsar un cambio positivo. El apoyo a la liberalización de las leyes sobre el aborto ha pasado del 37% en 2016 al 70% en 2022, mientras que el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo ha aumentado del 18% al 52% en el mismo período.
“El conservadurismo moderado ha sido secuestrado, pero el partido Ley y Justicia se está destruyendo a sí mismo”, observó Lempart. “La gente ha visto la violencia a la que nos hemos enfrentado. Ha habido una enorme oleada de apoyo de gente que no quiere formar parte de las campañas contra las mujeres y contra el colectivo LGBT+. Son demasiado dogmáticas, tiene que haber un término medio. La gente se inclina más por el amor que por el odio”.
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Este artículo se publicó originalmente en inglés en Social Europe.
Traducción de Paloma Farré.
Justyna Wydrzyńska, activista defensora de los derechos de la mujer, se enfrenta a hasta tres años de cárcel tras ser acusada de proporcionar píldoras abortivas a una mujer que las quería: es el primer caso de este tipo en Europa. En 2020, Wydrzyńska, miembro del grupo activista polaco Abortion Dream Team,...
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Irene Donadio (Social Europe)
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